¿ES RESPONSABLE EL GOBIERNO, DE LOS MUERTOS POR SU MAL GOBERNAR? 2.- Tipos de responsabilidades. La responsabilidad política

El problema de los abstractos, o las palabras en las que confluyen muchas variables y son por tanto indefinibles, es que necesitan ser acotadas o subdivididas para poder ser comprendidas mejor. Tal cosa ocurre con palabras como inteligencia, sentimientos, o la que nos ocupa en este caso, la responsabilidad. En principio, podemos hablar de cinco tipos de responsabilidades:

-    La responsabilidad filosófica, de la que muy generalmente hablamos en la entrada anterior y volveremos a hablar.

-       La responsabilidad social.

-       La responsabilidad moral.

-       La responsabilidad jurídica.

-       La responsabilidad política.

La responsabilidad social es la carga o compromiso que los miembros de una sociedad tienen, tanto entre sí como para la sociedad. Esta responsabilidad puede ser negativa (abstenerse de actuar, o abstención) o positiva (actitud proactiva). Como todo término social, sus reglas han ido cambiando a través del tiempo.

Nació en la Grecia libre, donde todo el mundo podía opinar y cuestionar argumentos, en diálogo abierto en el ágora. Todos participaban en la vida pública.

En la Edad Media Occidental, se impone la religión como único credo, marca las reglas de convivencia y el diario vivir. Nacen así la vida privada, el pudor, la intimidad y las propiedades.

La Edad Moderna se caracterizó por una revolución intelectual en que la Razón ocupaba el centro de todo, y los recién estrenados ciudadanos, otorgaron al Estado la función de defender la libertad y promover los derechos humanos.

En la Edad Contemporánea, la tecnología y los avances científicos predominan, las ciencias de la información han evolucionado, se precisa un aprendizaje continuo. Valores como la eficiencia, la eficacia, las actitudes positivas frente al compromiso del cumplimiento, una buena educación y posterior preparación,… facultan a las personas para hacer productiva a la sociedad. El Estado ya no manda, las empresas tienen el poder y el mercado impones sus reglas.

Como resumen, se puede decir que la responsabilidad social la impone moral y legalmente en cada momento – independientemente de que estemos o no de acuerdo con ello – la entidad que tiene el poder. Ella determina las reglas.

La responsabilidad moral es la imputación o calificación que recibe una persona desde un punto de vista de una teoría ética o de valores morales particulares. Desde una ética consecuencialista, dicho punto de vista dependerá de las resultados de tales acciones o no-acciones de un individuo a grupo. Desde una ética deontológica, en cambio, tales acciones tendrán un valor intrínseco independiente de sus consecuencias.

La responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión pública cuando la responsabilidad jurídica a través de los tribunales es incapaz de cerrar casos, tales como los de corrupción política.

La responsabilidad jurídica es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad. En las democracias liberales, las responsabilidades jurídicas nacen de normas jurídicas procedentes de un organismo externo al sujeto, normalmente, el Estado. La imputabilidad surge de una decisión de autoridad que atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o prohibición), o bien por una conveniencia social justificada de que una persona no culpable sea objetivamente responsable.

Su legitimidad se basa en el poder, no en la ética

Dado que la evolución social trajo consigo la desintegración de un concepto unitario de responsabilidad, y los diferentes tipos de ella, la noción subyacente  en todas las formas de responsabilidad es la de imputabilidad.

La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder. Ésta suele ser evaluada según normas específicas y autoridades específicas. Estas normas pueden estar recogidas en la Constitución, o en las normas de funcionamiento interno de los poderes del Estado y sus Cámaras: el Congreso y el Senado. Así el gobierno puede ser reprobado por el Congreso mediante una moción de censura.

Viendo que esto es poco más o menos igual que el timo del todo-mocho, pues el Legislativo legisla las leyes a su conveniencia, para evitar imputaciones de responsabilidad política ante hechos en los que un ciudadano tendría que pagar con años de cárcel. Sin embargo, la responsabilidad política es también evaluada por los ciudadanos cuando, en las elecciones valoran el uso que los gobernantes has hecho del poder, aplicando cualquier tipo de criterio, y no una norma jurídica.

¿Pero qué ocurre cuando se convierte en fraude esta vía de valoración ciudadana de la responsabilidad política a través del incumplimiento de un programa? ¿Qué pasa cuando un Gobierno se niega a oír a su pueblo y legisla en contra de la mayoría y a favor de unas élites financieras minoritarias? No se les puede imputar de nada porque su responsabilidad no se subsume a la responsabilidad jurídica, salvo casos excepcionales de que exista delito observado en el Código, y aún así, tenemos el ejemplo del caso Gürtel, en que habiendo varios imputados desde hace siete años, el único condenado ¡ha sido el juez!

Sólo queda la vía que apuntábamos en la anterior entrada, la responsabilidad filosófica y ética, la autodefensa a través de los medios que están contemplados en la Constitución y en la misma  Carta de los Derecho Humanos: el derecho de manifestación, el de oposición pacífica y la desobediencia civil, la insumisión fiscal y bancaria, incluso, según lo previsto en el “Considerando” tercero del preámbulo, la rebelión contra una tiranía como lo es la tiranía del mercado.

Es por todo lo expuesto, que se puede proponer un concepto de responsabilidad, como la categoría central de la Filosofía Moral y de lo que se llama Ética Aplicada. Una responsabilidad que engarce con una dignidad que merece respeto y  cuidado  como  criterios, que  también  tienen que  ajustar  las  acciones

dentro del marco institucional cada día más determinante de la actual sociedad tecnológica e informática.

La justicia participa del tronco común de la responsabilidad, en el sentido en que tiene que ver con la necesidad de tener que justificarse ante otro. Es el momento de la identidad personal y del compromiso como variables del “dar cuenta de…” que constituye el momento de la inteligibilidad y el momento de la racionalidad. Por ello, el discurso moral de la responsabilidad no puede ser sino el discurso de la justicia.

Así, podremos dilucidar la responsabilidad existente en los suicidios ante los desahucios de los diferentes agentes que intervienen en el mismo: bajo un punto de vista de una responsabilidad comprometida con el sentido de la justicia y de la dignidad, en la elección de los criterios del marco institucional de nuestra sociedad. Y no quiero alargar más la entrada, pero para mí, están más que claros – usando este discurso -  quiénes y hasta qué punto han sido los responsables por acción y/u omisión, de esos suicidios. Ahora es la justicia, (y todos nosotros), quienes debemos de exigir una legislación para poder imputar a los responsables.

Muchos ya lo han hecho

Pues que ya varias muertes han causado

y nadie, de ellas se hace responsable,

por ser un acto en sí poco agradable

o no sentirse en su moral dañado.

Bien saben que el daño y el dolor causado

es en este momento irreparable,

mas puede convertirse en respetable,

si se es justo y se evita lo pasado.

Que sean pues la moral y la justicia

quienes habiendo hasta ahora estado ausentes,

deban de relevar a la avaricia.

Que si avaricia es virtud de insolentes,

fue en otro tiempo modo de estulticia

más propia de gentes intrascendentes.

Volveremos de nuevo a las cavernas